Trabajadores jubilados organizados en el Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) rechazamos que las pensiones, prestaciones y salarios del personal retirado sean la causa de la crisis financiera que enfrenta la institución y exigimos total transparencia sobre el estado de las finanzas universitarias.
En una reunión reciente con el director del INAH Sonora nos llevamos una desagradable sorpresa, El personaje en mención, cambió radicalmente su posición respecto a las obras en el boulevard Hidalgo.
Durante los últimos meses, el conflicto por los descuentos hasta del 20 por ciento aplicados a salarios y jubilaciones de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha sido presentado por las autoridades universitarias como un problema estrictamente financiero. Según esta narrativa ideológica de las autoridades, la denominada "reingeniería financiera" era indispensable para garantizar la viabilidad futura de la institución y preservar la jubilación dinámica.
Es un lujo que no podemos darnos en nuestro país. Nos llevó décadas deshacernos de los gobiernos prianistas neoliberales y, hoy en día, la 4T empieza a consolidar políticas publicas que son verdaderamente lesivas para nuestro Pueblo.
Lo paradójico es que, mientras aumentan las exigencias, disminuye la confianza en la propia naturaleza educativa de la escuela. En las últimas décadas, el discurso pedagógico ha sido desplazado por un vocabulario procedente del mundo empresarial. Conceptos como "calidad educativa", "eficiencia", "competencias", "gestión por resultados", "rendición de cuentas" e "indicadores de desempeño" se han convertido en el lenguaje dominante de las políticas públicas.
La resistencia de estas comunidades no constituye un rechazo irracional al progreso, sino la defensa de un territorio que representa simultáneamente una fuente de subsistencia económica, un patrimonio ecológico de relevancia regional y un espacio cargado de significados espirituales. La controversia pone en evidencia el conflicto existente entre los modelos de desarrollo industrial y los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos por la legislación nacional e internacional.
Analizar la política de precios, subsidios y el uso-consumo del tipo de gasolina para vehículos motorizados bajo la perspectiva etnoclase permite ver que la geografía urbana, es, en realidad, un mapa de discriminación y segregación económico-socioracial en México, y a la vez devela cómo aun en el gobierno de la 4T, la etnoclase media, al igual que en el régimen neoliberal, sigue siendo el estrato sociocultural más afectado en su poder adquisitivo y deslactosado en su capital cultural, en cambio los beneficiados en este régimen del humanismo mexicano, además de ser los pobres (predominantemente pertenecen a la etnoclase baja) son también los ricos (predominantemente pertenecen a la etnoclase alta).
El análisis de la distribución de autos, uso y tipo de uso de combustible de gasolina se realizó con base en los perfiles de ingresos, el fenotipo étnico y el modo de movilidad urbana por etnoclase1; así entonces, partimos en principio de que, en 2026, México cuenta con un parque vehicular motorizado en circulación aproximadamente de 61.2 millones unidades (autos, camiones y motos; incluye transporte privado, público y de carga); de este total, alrededor de 36 millones son automóviles de uso particular.
Composición del total nacional
•Automóviles particulares: ~36.5 millones.
•Motocicletas: ~10.2 millones (Concentradas en clases baja y media).
•Camiones de carga y camionetas: ~11.5 millones.
•Transporte público (Autobuses/Taxis): ~3.0 millones.
La etnoclase baja posee el 18% (11,016,000), la mayoría son motocicletas de trabajo (60%) y autos usados de 15+ años, la etnoclase media tiene un 68% (41,616,000), predominantemente son autos particulares, SUVs y motos urbanas, la etnoclase alta ostenta el 14% (8,568,000), la mayoritariamente son autos de lujo, eléctricos y motos de alta cilindrada. Analicemos a detalle y más profundidad la situación y condición por cada etnoclase.
La etnoclase baja (estratos socioculturales E y D/D+) posee alrededor del 15% al 20% del parque vehicular total, el 55.5% de hogares (6,382,500) no cuentan con vehículo motorizado propio y dependen del transporte público, la bicicleta o traslados a pie, lo que refuerza el ciclo de pobreza de tiempo; aproximadamente el 16% de hogares (1.84 millones) de hogares posee un automóvil propio, suelen ser de más de 15 años de antigüedad (modelos 2010 o anteriores), adquiridos en el mercado de usados ("autos chocolate" o ventas informales); el 28% de hogares (3.22 millones) tiene al menos una motocicleta, y menos del 0.5%. de hogares (aprox. 57,500) posee motocicletas eléctricas, si bien, son más baratas de operar, el costo de adquisición inicial sigue siendo una barrera; en este estrato sociocultural, el crecimiento se da principalmente a través de scooters eléctricos de origen chino de muy bajo costo.
| Tipo de Vehículo | Tenencia (%) | Cantidad de Hogares (Est.) |
| Automóvil (Gasolina) | 16 % | 1,840,000 |
Los sistemas de pensiones han evolucionado desde compensaciones militares en la Antigüedad hasta los complejos modelos actuales de seguridad social; el primer sistema de pensiones obligatorio y universal del mundo se estableció en Alemania en 1889 por el canciller Otto von Bismarck con el propósito de mitigar el descontento social y ofrecer una alternativa estatal a las demandas de los movimientos socialistas. Inicialmente se fijó a los 70 años, aunque en esa época la esperanza de vida era mucho menor.
SocioLOZAndo
La transición de un movimiento de resistencia y símbolos (AMLO) a uno de gestión y resultados institucionales (Sheinbaum). Hacia una izquierda tecnocrática y de Estado.
Hay que decirlo, en un Estado de Derecho y justamente civilizado, los Trabajadores Jubilados NO TIENEN porqué estar protestando en las calles y exigiendo a las INSTITUCIONES GARANTES DE LA CULTURA DE LA PAZ Y EL RESPETO A LAS LEYES un alto a las tropelías absurdas contra sus adultos mayores y un alto al fomento de la cultura discriminatoria y de exclusión a los trabajadores en condición de jubilados.