UAS: ¿Se fractura la coalición que impulsó el recorte a la jubilación dinámica?
Durante los últimos meses, el conflicto por los descuentos hasta del 20 por ciento aplicados a salarios y jubilaciones de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha sido presentado por las autoridades universitarias como un problema estrictamente financiero. Según esta narrativa ideológica de las autoridades, la denominada "reingeniería financiera" era indispensable para garantizar la viabilidad futura de la institución y preservar la jubilación dinámica.
Por Florencio Posadas.
Sin embargo, los acontecimientos políticos recientes obligan a revisar esa explicación.
La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya como gobernador del estado, el inicio de la disputa por la sucesión política rumbo a 2027 y las crecientes tensiones entre distintos actores gubernamentales y universitarios han colocado el conflicto en una dimensión distinta: la del poder político.
Durante 2025 y principios de 2026 pareció consolidarse una amplia convergencia entre la administración universitaria, la dirigencia sindical oficial, el gobierno estatal y sectores del gobierno federal en torno a una estrategia común: contener el crecimiento de los pasivos laborales universitarios mediante recortes salariales y descuentos a jubilados bajo el argumento de la sostenibilidad financiera.
En los hechos, esa convergencia colocó a la jubilación dinámica en el centro de la disputa.
Sin embargo, los acontecimientos recientes sugieren que dicha coalición podría estar atravesando una etapa de tensiones y reacomodos.
Por una parte, el rector Jesús Madueña Molina y diversos voceros universitarios de la oficialidad han expresado públicamente su inconformidad con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, particularmente por la ausencia de recursos extraordinarios que, según diversas versiones de la UAS y el SUNTUAS, habrían sido esperados para enfrentar la crisis financiera de la institución.
Por otra parte, la dirigencia sindical alineada con la administración universitaria ha anunciado medidas de presión que hasta hace poco parecían impensables. Lo que inicialmente fue presentado como una política de ajuste interno amenaza con convertirse en una confrontación abierta por recursos públicos.
La pregunta central es si estamos ante una ruptura real o simplemente ante una renegociación de posiciones dentro de la misma coalición política.
No es una cuestión menor.
Si la administración universitaria decide desplazar el eje del conflicto desde la reducción de derechos laborales hacia la exigencia de mayores recursos estatales y federales, el debate cambiaría radicalmente de naturaleza. La discusión ya no giraría exclusivamente en torno a la jubilación dinámica, sino alrededor del modelo de financiamiento de las universidades públicas mexicanas.
A ello debe añadirse otro factor: la creciente judicialización del conflicto.
Cientos de trabajadores activos y jubilados han promovido demandas de amparo contra los descuentos aplicados desde enero de 2026. Diversas resoluciones judiciales han otorgado suspensiones provisionales y definitivas, mientras que otros procedimientos continúan en trámite.
Más allá del resultado final de los juicios, la estrategia jurídica ha impedido que el conflicto sea resuelto únicamente mediante decisiones administrativas. La controversia se trasladó a los tribunales y abrió una discusión de fondo sobre derechos adquiridos, contratación colectiva y límites constitucionales de las autoridades universitarias.
Por ello, el problema ya no puede entenderse únicamente como una diferencia entre trabajadores y administración universitaria.
Lo que hoy está en disputa es una compleja correlación de fuerzas donde intervienen grupos universitarios, sindicatos, gobiernos, tribunales y actores políticos que ya comienzan a posicionarse de cara al proceso electoral de 2027.
La pregunta de fondo sigue abierta:
¿estamos presenciando el agotamiento de la coalición política que impulsó el recorte de la jubilación dinámica o simplemente una reconfiguración temporal de sus alianzas?
La respuesta probablemente determinará no sólo el futuro de la jubilación dinámica, sino también el rumbo político de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los próximos años.
Porque, al final, detrás de la discusión financiera subsiste una cuestión más profunda: quién decide el destino de la universidad pública y bajo qué criterios se distribuyen los costos de sus crisis.